Las narrativas políticas construidas a base de pautas millonarias en redes sociales suelen ser frágiles ante el peso de los expedientes judiciales. En Nuevo León, la fastuosa realidad digital del gobierno estatal se ha topado de frente con una cruda investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). El caso, que ya sacude los cimientos de la opinión pública, revela cómo opera la red de los Petrofactureros del Huachigobernador Samuel García en la entidad, un entramado donde el robo de combustible, la simulación fiscal y los despachos familiares de la élite política parecen converger en un mismo punto de origen.
El cliente VIP del despacho familiar de Samuel García
El núcleo del escándalo estalló tras una serie de cateos simultáneos coordinados por la FGR en municipios clave como Monterrey, San Pedro, García y Salinas Victoria. El objetivo principal de este despluegue federal era la captura de Jesús Ricardo Puente, un personaje central que, bajo la máscara de empresario, operaba una maquinaria delictiva dedicada al manejo irregular de hidrocarburos.
Sin embargo, el verdadero sismo político ocurrió cuando el rastreo en el Registro Público de Comercio y los archivos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejaron al descubierto un vínculo directo. Jesús Ricardo Puente simuló operaciones comerciales y, al mismo tiempo, figuraba como cliente estelar de GMA Firma Jurídica, un despacho propiedad de Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, papá de Samuel García y medio hermano del mandatario neoleonés, respectivamente.
Las evidencias documentales detallan que esta relación comercial no fue un evento fortuito ni de baja cuantía. Entre noviembre de 2021 —coincidiendo exactamente con el inicio del mandato estatal— y marzo de 2022, la empresa Maquiladora de Lubricantes, controlada en su totalidad por Puente, emitió ocho facturas vigentes por más de 15 millones de pesos a favor del despacho familiar. Los conceptos declarados se ampararon bajo la conveniente fachada de “honorarios profesionales” y “asesoría fiscal”.
Infraestructura fantasma y miles de millones en movimiento
La investigación federal describe a los Petrofactureros del Huachigobernador Samuel como un consorcio criminal integrado por al menos 40 empresas. El modus operandi de la organización consistía en la simulación de actividades logísticas y de transporte sin contar con infraestructura real. Estas empresas fantasma facturan sin infraestructura, sin flotillas de camiones reales y sin almacenes verificables, sirviendo exclusivamente como vehículos de blanqueo para ocultar el destino final del hidrocarburo extraído ilegalmente.
Los números que manejaba la principal compañía de Puente son, por decir lo menos, estratosféricos. Las compañías mueven miles de millones de pesos con una soltura alarmante. En el historial financiero de Maquiladora de Lubricantes se registraron ingresos acumulados por 7,095 millones de pesos y egresos que superaron los 9,000 millones de pesos. El año de mayor opulencia de la red fue 2021, registrando movimientos por 4,618 millones de pesos, justo en el periodo en que consolidaron su relación con el despacho de los parientes del gobernador.
Este esquema de triangulación comenzó a desmoronarse debido al incremento de la vigilancia federal en el combate al huachicol. Los registros comerciales muestran un desplome vertical de la empresa: para 2025 sus ingresos cayeron a escasos 67 millones de pesos, y las noticias recientes del gobernador Samuel García Sepúlveda coinciden con un periodo donde la firma de Puente ya reporta cero ingresos, asfixiada por los cercos judiciales.
Una sombra difícil de evitar
Resulta inverosímil sostener en el discurso público que un flujo de capitales de esa magnitud pueda ingresar al núcleo financiero de una firma familiar sin levantar sospechas. El despacho GMA cobra honorarios profesionales en un sector, el energético, que hoy se encuentra bajo el estricto escrutinio de las autoridades federales debido al impacto del robo de combustible en las finanzas nacionales.
Mientras el Gobierno del Estado enfocaba sus baterías mediáticas en campañas de marketing digital y narrativas de modernidad, en la realidad territorial de Nuevo León, los operativos federales aseguraban más de un millón de litros de combustible ilegal en Cadereyta. La contradicción es flagrante: la administración estatal vendía una imagen de vanguardia mientras las oficinas de los familiares más cercanos del mandatario recibían millonadas provenientes de los operadores de la principal red de “petrofactureras” del norte del país.
Nuevo León se encuentra ante una crisis de confianza que no se puede resolver con evasivas ni silencios prolongados. La frontera entre los negocios privados de la familia gobernante y el dinero negro de la delincuencia organizada se ha vuelto peligrosamente delgada. Aunque la defensa legal intente desvincular al mandatario de las firmas de su padre, el peso de las facturas vigentes y la coincidencia cronológica de los contratos obligan a una profunda aclaración política y jurídica. La ciudadanía neoleonesa no merece el show de las redes sociales; merece la certeza de que el palacio de gobierno no está financiado por el huachicol.
Array
