El gobernador de Nuevo León enfrenta críticas crecientes por su retraso en la publicación de los decretos catastrales correspondientes a los municipios de Monterrey y San Nicolás para el año 2025. La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, ha sido enfática en señalar que esta publicación no es opcional, sino una obligación legal establecida en la normativa estatal. La falta de acción por parte del mandatario ha generado preocupación, pues los ajustes catastrales son fundamentales para la recaudación del impuesto predial, recurso clave para el desarrollo y mantenimiento de los municipios.
A pesar de que el Congreso local aprobó estos ajustes, el gobernador aún no ha cumplido con el procedimiento final de publicación en el Diario Oficial del Estado, un paso indispensable para que entren en vigor. Este retraso está generando consecuencias económicas significativas, afectando la capacidad de los municipios para planificar sus presupuestos y atender las necesidades de sus habitantes.
Publicar decretos es una obligación legal
Sandra Pámanes ha reiterado que el gobernador tiene la facultad de revisar las decisiones del Congreso, pero esto no le exime de cumplir con la ley que le obliga a publicar los decretos aprobados. Según la legisladora, la negativa del mandatario a realizar esta acción podría interpretarse como una violación directa a sus responsabilidades constitucionales, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de los municipios afectados.
El retraso en la publicación de los ajustes catastrales no solo impacta en la recaudación del impuesto predial, sino que también impide a Monterrey y San Nicolás ejecutar proyectos clave para el desarrollo urbano y social. Estos municipios dependen de los ingresos prediales para financiar obras de infraestructura, servicios básicos y programas sociales. La falta de recursos podría traducirse en un deterioro de las condiciones de vida para los ciudadanos.
Además, Pámanes advirtió que la retención de estos decretos podría derivar en un daño patrimonial significativo para los municipios, una situación que el Congreso local no está dispuesto a tolerar. Por ello, han solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando garantizar que se cumpla con la ley y se publiquen los decretos sin más dilaciones.
Congreso busca garantizar cumplimiento
El caso ha generado reacciones no solo dentro de Movimiento Ciudadano, sino también entre representantes de otras fuerzas políticas. Líderes del Congreso han subrayado la importancia de respetar las decisiones aprobadas y han señalado que la publicación de los decretos es un paso administrativo básico que no debería ser objeto de controversia.
El líder de la bancada morenista también se sumó a las críticas hacia el gobernador, destacando que la publicación de los ajustes catastrales es esencial para que los municipios puedan garantizar un manejo eficiente de sus recursos. En sus declaraciones, enfatizó que cualquier retraso adicional solo agravará los problemas financieros que ya enfrentan muchos municipios en el estado.
Por su parte, los legisladores han iniciado gestiones formales ante la Suprema Corte, solicitando que intervenga para obligar al gobernador a cumplir con su obligación. Este paso subraya la seriedad de la situación y evidencia el nivel de tensión política que ha generado el caso. Mientras tanto, los municipios afectados continúan esperando una resolución que les permita planificar su presupuesto para el próximo año.
La controversia en torno a la publicación de los decretos catastrales pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo estatal y el Congreso local. Este caso no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas y sociales, afectando directamente a miles de habitantes de Monterrey y San Nicolás. La ciudadanía sigue atenta al desarrollo de esta situación, esperando que prevalezca el cumplimiento de la ley y que se priorice el bienestar de los municipios.
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