La ambición política parece no tener límites ni restricciones presupuestales en el norte del país. Aunque los tiempos electorales para la sucesión en el Ejecutivo federal todavía se ven lejanos, la maquinaria de promoción nacional en favor del mandatario emecista Samuel García opera a toda marcha y con un costo multimillonario. Lo indignante de la estrategia es el modus operandi: una red de financiamiento donde los grandes contratistas del estado inyectan millones al despacho jurídico de la familia del gobernador, recursos que terminan convertidos en pautas publicitarias por todo México para pavimentar su camino rumbo al 2030.
La ruta del dinero: De las arcas públicas al marketing de Samuel
El engranaje financiero que sostiene la omnipresencia digital del mandatario funciona con una precisión quirúrgica, conectando de forma sospechosa los contratos del erario con la bonanza de su firma privada.
Al centro del escándalo se encuentra la empresa Suministro MYR, una de las proveedoras de limpieza y servicios más favorecidas de la actual administración. Esta compañía ha facturado la estratosférica cantidad de 1,400 millones de pesos directamente al Gobierno de Nuevo León. La generosidad del estado con este contratista parece devolverse con creces por otra vía: MYR, utilizando a su empresa filial Jace, transfirió más de 202 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el bufete privado del que son socios el gobernador y su padre.
A través de esta inyección de capital en su empresa familiar, el despacho ha podido absorber los costos de una precampaña nacional sin tocar formalmente el presupuesto público del estado. De esa bolsa de dinero privado con origen en el erario, la firma legal de García le ha soltado la cantidad de 82 millones de pesos a la agencia Nauka Comunicación Estratégica. El objetivo de este gasto masivo es claro: contratar el manejo de pauta digital en plataformas de Google y YouTube para inundar las pantallas de todo el país con la imagen del emecista.
Las cifras del derroche nacional
Para dimensionar el tamaño de la promoción adelantada con miras a la presidencia, basta con revisar la contabilidad de los anuncios que circulan de punta a punta en la República:
- Google y YouTube (vía Nauka): 82 millones de pesos ejercidos en un bombardeo continuo que sumó al menos 13 transferencias masivas de hasta 12 millones de pesos cada una, incluyendo una factura reciente por 11.8 millones de pesos bajo el concepto de “manejo de pauta digital”.
- Meta (Facebook e Instagram): 19 millones de pesos adicionales que el entorno del mandatario gastó en un periodo relámpago de solo tres meses.
La contradicción evidente: Aunque las facturas por los 82 millones son pagadas por el bufete de abogados del gobernador, al auditar los anuncios colocados en internet se constata que ninguno promociona asesorías legales o fiscales; el cien por ciento del dinero se destina a proyectar la marca política de Samuel García.
Contratistas ganan, el estado paga y el gobernador se promociona
El caso de Suministro MYR no es un hecho aislado dentro de esta estructura. El beneficio mutuo entre los proveedores de la administración y la firma legal de la familia García se replica con otros gigantes de la industria local. Proyectos de Infraestructura de la Laguna (Pilsa), una de las constructoras clave en las obras carreteras de la entidad, facturó 380 millones de pesos al erario de Nuevo León. Acto seguido, y mediante una filial, la empresa depositó 40 millones de pesos directamente en las cuentas de la firma de abogados del mandatario.
La lista se extiende a sectores sensibles como el desarrollo social, donde la Comercializadora Don Cacahuato —proveedora de los desayunos escolares y despensas del DIF estatal— también redirigió flujos financieros hacia el entorno privado del Ejecutivo.
Mientras estas triangulaciones multimillonarias ocurren bajo la sombra, las consecuencias de un gobierno ausente y enfocado en el beneficio personal cobran factura en la entidad. Nuevo León enfrenta crisis severas de movilidad, transporte e inseguridad, pero los excedentes de los contratos destinados a solucionar estos problemas terminan convertidos en campañas de marketing digital para audiencias de la Ciudad de México, Jalisco o el sur del país.
Blindaje institucional ante el escándalo de las pautas
El flujo constante de dinero hacia el proyecto nacional de Samuel García ha continuado gracias a un sólido cerco de impunidad. Las investigaciones judiciales fueron frenadas cuando las autoridades locales dictaron el inejercicio de la acción penal respecto a las denuncias de triangulación de fondos de los proveedores gubernamentales.
Con el caso archivado, la administración de Movimiento Ciudadano redobló los pagos a Suministro MYR de forma opaca, ocultando los contratos vigentes de sus portales de transparencia. De esta forma, el dinero de los ciudadanos neoloneses sigue alimentando de forma indirecta el sueño presidencial de un mandatario que gobierna para las redes sociales, demostrando que en Nuevo León, la infraestructura y los servicios públicos pueden esperar, pero la campaña para el 2030 no se detiene.
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