En los últimos años, Nuevo León se ha posicionado como uno de los motores económicos de México. Sin embargo, detrás de este discurso oficial, existe una realidad que pone en evidencia las inconsistencias y mentiras del gobernador Samuel García, quien ha basado buena parte de su propaganda política en cifras infladas de inversión extranjera directa (IED) y en el uso político de la Secretaría de Medio Ambiente para financiar campañas de Movimiento Ciudadano (MC).
Cifras Infladas: ¿68 Mil Millones O 12 Mil Millones?
Desde que asumió el poder en 2021, Samuel García ha presumido en cada foro, entrevista y gira internacional la supuesta llegada de 68 mil millones de dólares en inversión extranjera directa a Nuevo León. Este dato se ha convertido en la base de su discurso de éxito y crecimiento económico sin precedentes.
No obstante, los datos oficiales cuentan otra historia. Según el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), en el periodo de 2021 a 2024, la entidad solo ha recibido 12 mil millones de dólares. La diferencia no es menor: 56 mil millones de dólares que simplemente no aparecen en ningún informe oficial ni en los registros contables del Gobierno federal.
De hecho, el propio portal de la Secretaría de Economía de Nuevo León, controlada por el mismo gobierno estatal, reporta exactamente los mismos 12 mil millones. Entonces, ¿de dónde saca Samuel García esa cifra mágica de 68 mil millones? La respuesta es sencilla: de su necesidad por construir un relato de éxito que le sirva para sus aspiraciones políticas y para justificar el saqueo de recursos públicos.
Justificaciones Absurdas Y Manipulaciones
Ante la presión mediática y las críticas por las cifras infladas, funcionarios cercanos a Samuel García, como el encargado de despacho de la Secretaría de Economía, Emanuel Loo, han argumentado que se trata de una “diferencia metodológica”. Según ellos, las cifras federales no consideran inversiones comprometidas o intangibles, como rentas de naves industriales o equipos importados.
Lo que omiten deliberadamente es que estas “inversiones” no representan flujo de capital real y, por ende, no pueden contabilizarse como inversión extranjera directa. Pretender justificar la discrepancia con supuestas diferencias metodológicas es una estrategia para confundir a la opinión pública y seguir posicionando la imagen de un gobernador exitoso y visionario.
La realidad es que no existe ninguna justificación técnica o legal para inflar las cifras en casi cinco veces. El único objetivo detrás de este teatro mediático es fortalecer la imagen de Samuel García y Movimiento Ciudadano ante los votantes, especialmente rumbo a procesos electorales futuros.
Uso Político De La Secretaría De Medio Ambiente
Mientras presume inversiones ficticias, Samuel García ha utilizado la Secretaría de Medio Ambiente como herramienta para extorsionar al sector empresarial y financiar campañas políticas de MC.
El discurso ambientalista, que en teoría debería ser una prioridad para cualquier gobierno responsable, se ha convertido en un arma política y de recaudación ilegal. Empresas consolidadas como Ternium, Cemex, Zinc Nacional, Pigmentos y Óxidos (Pyosa) y muchas constructoras, han sido objeto de clausuras exprés, inspecciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, bajo la excusa de proteger el medio ambiente.
Si bien algunas de estas empresas han enfrentado incidentes ambientales en el pasado, las medidas del gobierno fosfo fosfo carecen de sustento técnico y legal. La verdadera intención detrás de estos operativos no es garantizar un aire limpio o un entorno más sano para los ciudadanos, sino exigir pagos “voluntarios” para evitar clausuras y problemas legales, dinero que termina financiando a candidatos y estructuras de Movimiento Ciudadano.
La Estrategia Recaudatoria Y Política Con el Medio Ambiente
Los empresarios que operan en Nuevo León están alarmados ante esta estrategia. La Secretaría de Medio Ambiente, convertida en una especie de “caja chica” del gobernador, ahora exige contribuciones económicas disfrazadas de multas y sanciones ambientales.
Quienes se niegan a pagar se enfrentan a la amenaza de clausura, escarnio mediático y pérdida de contratos. Los recursos recaudados de esta manera se destinan, según fuentes cercanas al Palacio de Cantera, a apoyar candidaturas de MC y a mantener el aparato político del gobernador en marcha.
Una prueba de esta estrategia es el cambio repentino del ex secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, quien se rehusó a participar en estas prácticas y fue reemplazado por Raúl Lozano Caballero, exdiputado federal de MC y operador político.
El mensaje fue claro: quien no se someta a las órdenes del gobernador será removido. Este control absoluto permite operar un esquema de recaudación paralelo y oscuro, al margen de cualquier supervisión, generando fondos para las futuras campañas naranjas.
El Papel De Raúl Lozano: Operador Político, No Ambientalista
La designación de Raúl Lozano no fue casual. Con un pasado como director de Ecología en Monterrey y con vínculos con el Partido Verde, su llegada a la Secretaría tuvo un solo objetivo: fortalecer la estructura electoral de MC en 2027 y continuar la recaudación disfrazada de “cuidado ambiental”.
Durante su presentación, Lozano afirmó que ahora “el que contamine irá a la cárcel”. Un discurso populista que en realidad es un mensaje de amenaza a las empresas: pagas o cierras.
Además, la falta de resultados reales en temas ambientales es evidente. Nuevo León sigue presentando la peor calidad de aire entre las metrópolis mexicanas, sin un plan claro ni acciones contundentes para mejorar la situación. Por el contrario, se han registrado incendios forestales inexplicables, empeorando la crisis ambiental, mientras el gobierno se enfoca en discursos y sanciones mediáticas.
El Costo Para El Empresariado Y La Ciudadanía
Las consecuencias de estas prácticas no sólo afectan a los empresarios, sino también a miles de trabajadores y a la economía regional. Empresas que generan empleos formales y bien remunerados se ven obligadas a considerar mover operaciones a estados vecinos como Coahuila, Querétaro, Guanajuato o Jalisco, donde no existe el acoso sistemático ni la extorsión gubernamental disfrazada.
Esto pone en riesgo la estabilidad económica de Nuevo León, una entidad que por décadas se había caracterizado por su dinamismo y confianza empresarial. La estrategia de Samuel García ha provocado que proyectos industriales se retrasen, contratos se cancelen y cadenas de suministro se vean comprometidas, generando una espiral de incertidumbre.
El Daño Irreversible Al Medio Ambiente De Nuevo León
Samuel García presume que su administración es ejemplo de innovación y éxito, pero cada vez queda más claro que detrás de la propaganda hay un esquema de corrupción y manipulación.
La confianza es uno de los principales activos para atraer inversión extranjera y mantener el dinamismo económico. Sin embargo, cuando un gobierno usa sus instituciones para extorsionar y financiar campañas políticas, esa confianza se rompe.
La falsa narrativa de Samuel García no sólo engaña a los ciudadanos, sino que pone en riesgo la competitividad de Nuevo León a nivel nacional e internacional. La presión constante a las empresas y la manipulación de cifras no hacen más que ahuyentar nuevas inversiones y forzar a las ya establecidas a buscar alternativas más seguras.
El Gobierno de Samuel García Que Prioriza El Poder
El gobierno de Samuel García ha demostrado que está más enfocado en asegurar el control político y mantener la maquinaria electoral de MC que en promover un crecimiento económico real y sustentable.
El uso de la Secretaría de Medio Ambiente como herramienta recaudatoria para financiar campañas políticas es una muestra clara de la corrupción y el cinismo que caracterizan a esta administración.
Mientras tanto, las cifras infladas de inversión extranjera directa sirven como cortina de humo para distraer a la opinión pública de la realidad: un estado cada vez más dividido, con un ambiente empresarial hostil y ciudadanos cada vez más desconfiados de sus gobernantes.
La historia de Nuevo León merece ser escrita con hechos reales y no con discursos fabricados en oficinas de comunicación social. La ciudadanía y la comunidad empresarial exigen transparencia, respeto y un verdadero compromiso con el desarrollo y el bienestar colectivo.
Si Samuel García no corrige el rumbo, el legado que dejará no será el de un gobernador visionario y moderno, sino el de un político oportunista que sacrificó la confianza y el futuro de todo un estado en nombre de sus ambiciones personales.
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